“EN MATERIA CIVIL, LAS DILIGENCIAS CON EL VECINO, ROMPEN CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA”

INTRODUCCIÓN El derecho es un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia íntersubjetiva, es el conjunto de normas humanas, elaboradas por los hombres en una situación histórica, apoyadas e impuestas por el poder público, normas con las cuales se aspira a realizar valores como la justicia y la libertad entre otros. Así, el derecho procesal parte de la jurisdicción (tema que trataremos en el capitulo II), como poder del Estado para resolver situaciones controvertidas que se le presenten, así también, es indispensable el proceso, como instrumento jurídico del Estado para dar solución al litigio. Y finalmente, de la acción, como derecho, actitud facultativa y potestativa de las personas que el mismo Estado les concede para llevar su derecho violado ante los Órganos Jurisdiccionales y provocar así el despliegue de la actividad jurisdiccional, con el objeto de que se resuelva su pretensión. El derecho procesal se divide o clasifica en atención a la naturaleza y características de las normas sustantivas que se apliquen, mismos que imponen determinadas peculiaridades, modalidades y principios, lo que nos permitirá distinguir a cada uno de los diversos procesos, la finalidad de la función jurisdiccional, es la solución de litigios a través de la aplicación del derecho. La dirección del proceso esta constituida por el conjunto de atribuciones que los ordenamientos procesales modernos confieren al juzgador para que pueda conducir el procedimiento en colaboración con las partes para lograr la resolución justa de la controversia, superando la concepción tradicional que dejaba en manos de las propias partes el desarrollo del proceso. Resulta conveniente destacar, de manera previa al examen de los códigos procesales-modelo en el ordenamiento mexicano, que el papel activo del juez, es decir, su función directiva en el proceso, debe desarrollarse en varias direcciones: en primer término, en cuanto a sus facultades para orientar a las partes sobre sus actividades en el proceso, puesto que no significa lo mismo imparciales que neutralidad; también abarca en segundo lugar, los poderes para ordenar la presentación y desahogo de los medios de prueba que considere indispensables para investigar la veracidad de las pretensiones de las partes cuando no sean aportadas espontáneamente por las mismas; y también en tercer término, comprende los efectos del principio jura novi curia, es decir, la invocación de las disposiciones jurídicas aplicables aún cuando las partes no las señalen por error o por ignorancia, incluyendo las atribuciones del tribunal sobre la interpretación evolutiva de las mismas disposiciones normativas para adaptarlas a los constantes cambios y transformaciones de carácter social. Cabe destacar, que la notificación es el medio legal por medio del cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial; la notificación es un género que comprende varias especies, como el emplazamiento, la citación, el traslado; existen diversas clases de notificaciones: a) las personales; b) las que se hacen mediante el boletín judicial y por edictos; c) las que se realizan por medio de correo certificado o telégrafo; d) las que se hacen por medio de cédula o hasta por medio de la policía. Se considera que uno de los principios fundamentales que debe regir en un procedimiento de la naturaleza que sea, es el principio de certeza y de seguridad, siempre en aras de no dejar en estado de indefensión a quien se le quiere hacer saber de alguna determinación judicial y más, cuando a la parte reo o demandada, se le pretende privar de alguno de sus bienes, a través del mandato judicial de embargo. Por lo tanto, la ley procesal civil federal (artículo 432 del Código Federal de Procedimientos Civiles)es una norma injusta, teniendo en cuenta de que en beneficio de un interés individual o personal, permite no sólo que la diligencia de embargo, que ya es por sí muy delicada, se entienda con un vecino inmediato, sino que al encontrarse el domicilio solo, sin importar el porque de su abandono, se llame a la fuerza pública y lo peor, que se utilice la violencia mediante el rompimiento de las cerraduras; teniendo en consideración que la violencia jamás podrá justificarse dentro de un ordenamiento legal, pero lo peor de todo, el permitir pues que la mencionada diligencia de embargo se entienda con un vecino, provoca total estado de indefensión, pues no existe la seguridad de que dicho vecino dará el aviso oportuno y así oponerse porque existan razones para ello; el legislador ignora cual sea realmente la situación de amistad o de enemistad con el vecino, como frecuentemente suele sucede